Concesionario de Playa Grande presentó denuncia penal contra el intendente Arroyo

El polémico acuerdo firmado entre el intendente Carlos Arroyo y Playa Azul SA (concesionaria de la cochera Playa Grande), admite justamente la construcción de un boliche bailable en esa cochera y a cambio la empresa deberá realizar obras de “interés social” tanto en la UTF como fuera de ella, por un valor cercano a los $80 millones.

Una de esas obras es la construcción del “Centro Municipal de Veterinaria y Zoonosis” en Laguna de los Padres. En los últimos días desde la Defensoría del Pueblo denunciaron que esos trabajos comenzaron a pesar de no tener autorización del Concejo Deliberante.

El polémico acuerdo ha sido objetado por distintos sectores quienes también denunciaron que los plazos para realizar arreglos e inversiones en el lugar están completamente vencidos. Incluso en el mes de septiembre se presentaron de forma sorpresiva en el Concejo Deliberante tres empleados del Tribunal de Cuentas de la Provincia de Buenos Aires. Solicitaron toda la documentación referida a Playa Grande y estuvieron a lo largo de la mañana analizando papeles y recabando información que iba siendo volcada a sus computadoras.

En ese contexto esta mañana empresario Sergio Goransky, concesionario de Playa Grande y representante de las firmas Cubro SA y Playas del Sol SA, realizó una denuncia penal contra el intendente Carlos Arroyo.

El empresario, bajo la representación legal del abogado César Sivo, acusa al jefe comunal del delito de “abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público”.

“Increíblemente firmó ese acuerdo sin anular el acto por razones de ilegitimidad, desoyendo todos los dictámenes anteriores”, se señala en la presentación. Además se agrega que “la expresa prohibición del pliego de proponer ampliaciones o modificaciones hasta que no esté totalmente finalizada la construcción de la obra originalmente propuesta, al tiempo que se viola la ley orgánica de las municipalidades ya que ni los secretarios de la comuna ni la presidencia del Emtur podrían dar curso a la contratación arbitraria e ilegítima de las obras que refiere el acta acuerdo sin incumplir las normas expresas que en tal sentido impiden a los funcionarios sortear las vías legales y reglamentarias para la contratación pública dad obras de este tipo.

La denuncia apunta también a todos los funcionarios que estuvieron y están relacionados con el tema. Se pide investigar “aquellos otros delitos que surjan de la investigación y que permitan elucidar en relación al mismo, con respecto a toda otra persona particular o funcionario público que haya tenido algún grado de participación, injerencia, etc., en alguna de las maniobras que se manifestaran a lo largo del presente escrito, que pueden constituir los delitos de cohecho en su faz activa y pasiva, tráfico de influencias, negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas, abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público”.