El Gobierno anunció una solución para quienes tienen créditos hipotecarios UVA

El Gobierno anunció una solución para quienes tienen créditos hipotecarios UVA

El Banco Central informó sobre facilidades para amortiguar el aumento en las cuotas de los créditos UVA. Desde febrero y por un año se establecerá un mecanismo de convergencia para evitar el salto de 26% que vendría con la cuota prevista para el próximo mes.

martes, 28 de enero de 2020

El Gobierno anunció el lanzamiento de un mecanismo de compensación para amortiguar el incremento que deberían afrontar en febrero las cuotas de los deudores hipotecarios UVA. Es que la finalización del congelamiento establecido a partir de agosto pasado por el gobierno de Macri, implicaría un incremento del 26% en las cuotas.

 

«A fin de evitar un aumento tan pronunciado, se implementará un esquema de bonificación que distribuirá en un lapso de 12 meses el alza que debía imputarse a partir del mes de febrero», se informó tras el acuerdo entre el Banco Central de la República Argentina acordó con el Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat de la Nación.

 

Para garantizar este proceso de convergencia y en consonancia con el criterio del esfuerzo compartido establecido en la Ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva, las entidades financieras aportarán un total de 1.411 millones de pesos durante el plazo de vigencia del mismo.

 

Considerando un crédito con una cuota de $12.000, el incremento del 26% previsto implicaría un salto en la misma hasta los $15.100 establecidos por la cuota contractual para febrero de 2020. En el marco del mecanismo de convergencia, la cuota se incrementará solo un 5% y quedará en $12.600.

 

Si se considera el crédito máximo al que accedieron los beneficiados por el congelamiento, la cuota debería pasar de los $24.300 en enero a $30.700 en febrero, es decir un 26% más. Con el mecanismo de convergencia, el monto a pagar en febrero será de $25.700 una suba de 6%.

 

También se decidió que en caso de que la cuota a pagar supere el 35% de los ingresos familiares acreditados por los deudores, las entidades financieras deberán establecer un esquema que atienda puntualmente estos casos.

 

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